En Paraguay no sólo la tierra es roja. También tienen esa tonalidad la mayoría de los políticos, jueces, empresarios y altos mandos militares y policiales: la Asociación Nacional Republicana, más conocida como Partido Colorado, ha gobernado el país históricamente; 60 años de hegemonía —incluidos los 35 que duró la dictadura de Alfredo Stroessner— sólo se vieron interrumpidos por la presidencia de Fernando Lugo, depuesto en 2012.

La Masacre de Curuguaty, como se llama al episodio del 22 de junio de 2012 en que murieron 11 campesinos y seis policías, fue el argumento que desembocó en el juicio político por el que se destituyó al presidente electo democráticamente. Pero los intentos de quitarlo del poder se habían iniciado cuatro años antes, a sólo 72 horas de haber asumido su mandato; en esa oportunidad había sido el asesor legal del presidente del senado, Diego Bertolucci —cercano al Partido Colorado—, quien había acusado a Lugo de violar la Constitución. Los intentos de llevarlo a juicio político se repetirían sistemáticamente a lo largo de su presidencia.

Tras lo ocurrido en Curuguaty, los medios de comunicación, especialmente el diario ABC Color (propiedad de Aldo Zucolillo), inició una campaña mediática contra los campesinos, tildándolos de “asesinos” y asociándolos al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una organización paramilitar que estaría vinculada con las FARC colombianas, pero de cuya existencia nadie pudo dar certeza: “Según datos, los campesinos tuvieron entrenamiento armado, supuestamente del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), e incluso se sospecha que integrantes del grupo criminal estaban infiltrados entre ellos”, aseguraba el diario la noche del 15 de junio de 2012.

Rápidamente la versión mediática se constituyó en la versión oficial, y en 2016 la Fiscalía condenó a 11 personas. A la Justicia paraguaya no le sonaba descabellado que 50 campesinos, mujeres y niños incluidos, hubieran podido emboscar a los más de 340 policías y grupos especializados enviados a hacer el desalojo de las tierras. “Carperos emboscan y matan a 6 policías para evitar desalojo en Curuguaty”, afirmó La Nación, otro de los diarios de gran tirada.

Agustín Acosta González es coordinador del área de educación de la organización Fe y Alegría. Foto: Santiago Carneri
Agustín Acosta González es coordinador del área de educación de la organización Fe y Alegría. Foto: Santiago Carneri

Pero, en julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay resolvió anular el juicio y liberar a todos los detenidos de la causa por considerar que durante el proceso habían existido irregularidades y que no habían sido probadas las responsabilidades de los campesinos en las muertes de los policías.

El caso de Curuguaty no fue el primero en que se demonizó al movimiento campesino. Al contrario, lo ocurrido allí sacó a la luz un antecedente de la historia paraguaya: el caso de los seis campesinos, quienes llevan 13 años tras las rejas de la cárcel de Tacumbú, en las afueras de Asunción.

Los seis campesinos paraguayos

Culpables. El veredicto de la Fiscalía los condenó a 35 años (25 de prisión y diez más por medidas de seguridad). Un único testigo, que se contradijo en reiteradas oportunidades, fue la base utilizada para dictar la sentencia. Era 11 de julio de 2012, cuando seis dirigentes campesinos fueron responsabilizados por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau.

Si hemos sido responsables del crimen que se nos atribuye, ¿por qué recurrieron a la violación de tantos derechos para condenarnos y no operaron conforme a las leyes vigentes? ¿Por qué no presentaron pruebas y por qué tuvieron que emplear testigos falsos para condenarnos?

Así se expresan los seis campesinos desde la cárcel de Tacumbú.

Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Gustavo Lezcano, Simeón Bordón y Carlos Espínola no fueron los únicos que interpelaron la validez del juicio. Organizaciones sociales, entre ellas la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), y figuras del ámbito público, como el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, adhirieron al reclamo de los campesinos. Incluso sus voces llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente analiza los argumentos que se utilizaron para condenarlos.

Roque Rodríguez tiene una cantina para sobrevivir. Vende hielo y yerba mate para el tereré, y cigarrillos sueltos. Antes fue dirigente nacional campesino por 30 años. Foto: Santiago Carneri
Roque Rodríguez tiene una cantina para sobrevivir. Vende hielo y yerba mate para el tereré, y cigarrillos sueltos. Antes fue dirigente nacional campesino por 30 años. Foto: Santiago Carneri

Pese a que la Constitución paraguaya establece que la prisión preventiva nunca deberá superar el tiempo de la condena mínima que enfrenta la persona procesada, que en este caso era de cinco años, los seis campesinos ya llevaban cinco años y diez meses privados de su libertad cuando recibieron la sentencia.

En una primera instancia la Fiscalía los había imputado por “omisión de aviso de un hecho punible”, ya que supuestamente habían participado en la “reunión de punto final”, realizada el 13 de enero de 2005 en Caaguazú, donde se habría decido la ejecución de Cecilia Cubas Gusinky. “Pero poco tiempo después el Ministerio Público pidió el cambio de carátula a ‘secuestro, homicidio doloso y asociación criminal’, a pesar de no presentar ningún elemento nuevo que ameritara dicho pedido”, argumentaron desde la Codehupy, al referirse a las irregularidades que existieron durante el proceso judicial. “Durante todo el proceso, cinco de los acusados dijeron que efectivamente participaron en aquella reunión, pero que en ella ni tan siquiera se habló del tema, rechazando de esta manera estar involucrados en el crimen”, continúa la Codehupy.

Las actas del encuentro del Partido Patria Libre —al que pertenecen cinco de los seis campesinos— y personas que participaron en el encuentro reforzaron el discurso de los acusados y desmintieron al único testigo, afirmando que se habían abordado temas como la planificación para el año entrante y la posibilidad de articular con organizaciones rurales.

Pero la Fiscalía desoyó esos argumentos, como también omitió que los forenses confirmaron que Cubas Gusinky había sido asesinada a finales de diciembre de 2004 y que el testigo afirmaba que la reunión en la que se decidió su muerte había sido el 13 de enero de 2005. Para resolver la incongruencia, la Justicia cambió la fecha de defunción y todo cuadró perfectamente para dictar sentencia. Afirman los seis campesinos:

Hemos sido condenados a 35 años de prisión, como si fuéramos los peores criminales, sin que exista una sola prueba que nos pudiera asociar al hecho por el que se nos acusa y condena: secuestro y asesinato de la hija de un ex presidente de la República del Paraguay.

Tiempo después de culminado el juicio se conocieron unas fotos en las que aparecía Rogelio Ortúzar, uno de los dos fiscales que lo llevó adelante, portando un fusil M16 y con una pistola en el cinto y pantalones de combate, posando en medio de una matanza de campesinos ocurrida en mayo de 2007 en Minga Guazú. Hoy, Ortúzar continúa siendo fiscal en Asunción y los seis campesinos aún están en Tacumbú.

Gustavo Lezcano Espínola es administrativo en la coordinación del pabellón donde está recluido. Foto: Santiago Carneri
Gustavo Lezcano Espínola es administrativo en la coordinación del pabellón donde está recluido. Foto: Santiago Carneri

La telaraña

El hallazgo desató una tormenta mediática. Era un caluroso 16 de febrero de 2005 cuando los forenses descubrieron el cuerpo de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau. Llevaba entre 60 y 90 días muerta. Había sido asfixiada y enterrada viva en una fosa en la localidad de Ñemby, a pocos kilómetros de Asunción.

La hija del ex presidente paraguayo había sido secuestrada el 21 de setiembre de 2004, alrededor de las siete de la tarde. Estaba por ingresar a su vivienda, en el barrio Laguna Grande, en San Lorenzo, cuando fue interceptada por dos autos que balearon el motor de su camioneta.

Inicialmente, todo indicaba que se trataba de un secuestro extorsivo; según el ex secretario privado de Cubas Grau, Luis Fernando Canillas, los captores se habían puesto en contacto telefónico con la familia la misma noche en que la joven había sido secuestrada. De hecho, el padre pagó varios miles de dólares a cambio de la liberación de Cubas Gusinky, pero no supo nada de ella hasta el día que fue hallada muerta.

“No escaparán. Que sepan estos delincuentes que el pueblo está unido para hacerles frente”, aseguró en cadena nacional el entonces presidente, Nicanor Duarte Frutos (del Partido Colorado). La construcción de un enemigo común y la teoría conspirativa de una guerrilla en territorio guaraní comenzaban a hacer mella. De hecho, en febrero de ese año, la revista colombiana La Semana publicó en su tapa una foto de Cubas Gusinky bajo el título “Prueba reina”, en la cual hacía alusión a una posible conexión entre las FARC colombianas y el EPP.

Basiliano Cardozo Giménez era campesino en Caaguazú. Foto: Santiago Carneri
Basiliano Cardozo Giménez era campesino en Caaguazú. Foto: Santiago Carneri

Alvino Villalba, del Partido Comunista Paraguayo, quien viene acompañando a los seis campesinos, narra otra versión de los hechos:

—Muchos creen que fue producto de la guerra interna que vivía la oligarquía paraguaya. No sería descabellado pensar que el mismo grupo que había asesinado al vicepresidente [Luis María] Argaña en 1999 haya proporcionado o haya sido el responsable de este crimen. No es una certeza, es una sospecha porque la Fiscalía, como único órgano que se encarga de investigar, no ha hecho su trabajo. Es casi folclórico en Paraguay condenar a campesinos.

Testigo único

Dionisio Cristóbal Olazar fue el único testigo. El hombre de boina verde y barba blanca afirmó haber pertenecido al EPP, que, según su relato, había surgido como un brazo armado del Partido Patria Libre.

Saltó a la fama en diciembre de 2009, cuando lo entrevistó el programa Algo anda mal de Canal 13. Allí, contó que había tenido un alto cargo en el Partido Patria Libre y que durante el secuestro de Cubas Gusinky decidió pasar información al entonces comandante de la Policía, Humberto Núñez.

En su relato, Vera, Cardozo, Acosta, Lezcano, Bordón y Rodríguez habían participado en la “reunión de punto final”, mientras que Espínola habría actuado en la captura de la joven. Este testimonio jamás fue avalado con pruebas confirmatorias; al contrario, sus afirmaciones fueron rebatidas por Regina Rodas, en cuya casa se realizó la mencionada reunión. La declaración de Rodas no fue tenida en cuenta, como tampoco lo fue su denuncia contra la Fiscalía: le habían ofrecido medio millón de dólares para que declarara que el testimonio de Olazar era verdad, pero se negó.

En un primer momento, el juez Pedro Mayor Martínez determinó falta de mérito para juzgar a los campesinos, ya que no había otra prueba que la declaración de Olazar. Fue entonces que los seis acusados decidieron partir hacia Argentina en busca de asilo político, pero por pedido del gobierno paraguayo fueron encarcelados en Marcos Paz. Tres fueron detenidos en la misma oficina del Comité para la Elegibilidad de Refugiados de Argentina, otros dos en la casa donde residían, y el último cerca de su lugar de trabajo. Se utilizaron helicópteros para su captura, que fue transmitida en vivo por Crónica TV.

Simeón Bordón Salinas, dirigente de la Liga del Jejuí. Foto: Santiago Carneri
Simeón Bordón Salinas, dirigente de la Liga del Jejuí. Foto: Santiago Carneri

Entre mayo de 2006 y agosto de 2008 los seis campesinos permanecieron detenidos en Marcos Paz, pero esto no es reconocido por la Justicia paraguaya en su condena. La madre de Cubas Gusinky, Mirta Gusinky —actual senadora del Partido Colorado—, el abogado Enrique Bacchetta —ahora senador del Partido Colorado—, el embajador paraguayo en argentina, Orlando Fiorotto —ex senador del Partido Colorado—, y el argentino Juan Carlos Blumberg —quien tomó visibilidad política tras el secuestro y asesinato de su hijo, Axel Blumberg— lograron el apoyo de quien en ese entonces era el ministro del Interior en Argentina, Aníbal Fernández, para extraditar a los seis campesinos a Paraguay, donde fueron recibidos con un megadespliegue del Grupo Aerotáctico. El descargo de los campesinos, desde Marcos Paz, decía:

Queremos poner a conocimiento de la opinión pública que no conocimos, no secuestramos y menos hemos matado a la señorita Cecilia Cubas, nuestro pecado fue haber participado el 13 de enero del 2005 de una reunión de la conducción del Partido Patria Libre (izquierda), un testigo falso pagado, Dionisio Olazar, hizo que la Fiscalía nos incluyera primero por omisión de aviso y con la misma declaración nos acusaron posteriormente de homicidio y secuestro, excusa perfecta para militarizar el campo, más persecución a organizaciones campesinas dirigida todo esto por marines norteamericanos.

Luego de la extradición, los campesinos fueron llevados a la cárcel de Tacumbú, ubicada a pocos kilómetros del centro de Asunción. Su fachada blanca y prolija esconde una situación muy distinta dentro. Fundada en 1956 por el dictador Alfredo Stroessner, fue pensada para albergar a 800 personas privadas de libertad, aunque hoy aloja a cerca de 4.000. Extraña casualidad que en guaraní su nombre signifique “calor que explota”.

Los territorios en disputa

El verde de los campos paraguayos poco tiene que ver con la esperanza. Como una topadora, el monocultivo avanza llevándose todo lo que encuentra a su paso. Los campesinos que los habitan no son la excepción y el destierro, el encierro y el entierro los persigue.

“Culpabilizar a los campesinos es una práctica muy sistemática”, explica Villalba. “Cuando una organización campesina lucha por recuperar las tierras empieza el problema, porque la oligarquía paraguaya se resiste a ceder. Ahí empiezan los asesinatos o son acusados de formar grupos terroristas, cualquier cosa inventan. En casi todos los lugares del país donde el campesinado lucha ocurre esto”, continúa.

El Informe Chokokue realizado por la Codehupy lleva un subtítulo que describe la situación de los trabajadores de la tierra: “El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino”. Allí se denuncia que en casi 25 años de democracia (1989-2013) fueron asesinados y desaparecidos 115 dirigentes y militantes de organizaciones campesinas, en el marco de la lucha por las tierras y en ataques organizados contra comunidades rurales para quedarse con sus hectáreas. Se estima que son más de 150 los asesinados hasta 2019. Denuncia el informe:

Este plan sistemático se articula entre terratenientes e intereses corporativos ligados a algunos sectores del modelo del agronegocio que, aliados con líderes políticos tradicionales, mantienen capturado al Estado, sirviéndose del mismo y utilizando sus medios de represión para perpetrar estos crímenes y garantizarse impunidad. Particularmente están comprometidos en este plan las instituciones de seguridad y de justicia del Estado: el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, cuyas actuaciones ilegales gozan del respaldo explícito del sistema político.

Complementan los seis campesinos:

Para el sistema oligárquico vigente, desde la época de la tiranía de Stroessner hasta ahora cualquier sector que se organiza para luchar por justicia social es considerado como “organización criminal”, “grupos peligrosos” u “organizaciones terroristas”. Tras nuestra condena, se crea una ley para criminalizar aun más a los ciudadanos que defienden la igualdad y la justicia; se trata de la ley mal llamada “ley antiterrorista”.

Horacio Cartes llevaba tan sólo 48 horas como presidente, en agosto de 2013, cuando la noticia invadió la tapa de todos los diarios: el EPP había dado su primer golpe en el nuevo gobierno, atacando en Tacuatí, departamento de San Pedro, a cuatro supuestos guardias del establecimiento ganadero Lagunita, propiedad del brasileño Roberto de Rezende Barbosa. Conocido en su país como el magnate de la caña de azúcar y poseedor de 50.000 hectáreas en las tierras guaraníes, por esos días De Rezende Barbosa anunciaba una millonaria inversión en Paraguay.

Arístides Vera, cofundador del Partido Patria Libre. Foto: Santiago Carneri
Arístides Vera, cofundador del Partido Patria Libre. Foto: Santiago Carneri

Fue así que Cartes impuso la modificación a la Ley de Seguridad Interna. Hasta entonces, la Constitución permitía que determinadas zonas fueran declaradas de excepción para que pasaran a estar bajo el control de las Fuerzas Armadas, siempre con previo paso por el Congreso para obtener su aprobación. En cambio, a partir de entonces, el presidente tendría la potestad de determinar zonas de militarización. No es casual que San Pedro, Concepción y Amambay hayan sido los primeros distritos intervenidos, donde abundan las riquezas naturales y la resistencia campesina al modelo extractivista sojero.

La concentración de las tierras en pocas manos es una de las características de Paraguay. Actualmente, 84% del territorio cultivable está en manos del 2% de la población. Son terratenientes paraguayos y brasileños, como así también coroneles, generales, capitanes, comisarios y políticos del Partido Colorado que se apropiaron de campos en la época de la dictadura de Stroessner. A estas tierras las llaman “malhabidas”, y representan casi ocho millones de hectáreas; aún no se ha logrado recuperarlas.

“En diez años cerca de un millón y medio de campesinos fueron expulsados del campo y vienen a la ciudad, alrededor de Asunción”, explica Villalba. Los asentamientos son denominados “bañados”: unas cuantas construcciones precarias de chapa y bolsas, que con la mínima garúa quedan bajo agua. Allí, tratan de subsistir vendiendo cartones, latas de cerveza o haciendo trabajos de limpieza. Evitan recordar que fueron desterrados, con la soja al cuello, privados del derecho de producir su propio alimento.